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      Proyecto de Fortalecimiento del SERNAC”

Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local

          Se mantiene la competencia de los Juzgados de Policía Local para conocer de las causas en que los consumidores, a título individual, ejercen una acción de indemnización de perjuicios y/o infraccional en contra del proveedor. Sin embargo, se modifica el criterio en virtud del cual serán competentes dichos tribunales.

            Actualmente, la regla general es que será competente el Juzgado de Policía Local del lugar en donde se hubiere celebrado el contrato de consumo, se hubiere cometido la infracción o se haya dado inicio a su ejecución, a elección del consumidor. En cambio, el Proyecto establece que será competente, como único criterio, el tribunal de la comuna del consumidor o del proveedor, a elección del consumidor.

Nuevo procedimiento administrativo sancionatorio ante el SERNAC.

           Este procedimiento podrá iniciarse por el mismo SERNAC, o por denuncia de un consumidor, y consiste en que el SERNAC comunica al proveedor de la infracción, para que este proponga una alternativa de solución. En caso de que el consumidor o el SERNAC no acepten la propuesta del proveedor, o si este no propusiere alternativas de solución, se llevará a cabo una audiencia de conciliación ante el SERNAC, a la que el consumidor podrá renunciar ratificando la denuncia. De esta forma, el acta que declare fallida la conciliación o que ratifique la denuncia podrá originar un procedimiento sancionatorio.

El procedimiento sancionatorio se realizará ante la Dirección Regional que corresponda, y estará a cargo de un abogado del SERNAC (instructor).

Se iniciará por resolución que otorgará al proveedor 10 días para responder y presentar prueba (es procedente cualquier medio probatorio).

Luego, el instructor emitirá un dictamen, proponiéndole la absolución o sanción al Director Regional. Posteriormente, el Director Regional tendrá un plazo de 10 días para dictar resolución, confirmando o modificando la propuesta del instructor.

Se podrá reclamar la ilegalidad de esta resolución ante el Juzgado de Policía Local que corresponda al domicilio del consumidor, dentro del plazo de 10 días contados desde su notificación. La sentencia que resuelva dicha reclamación, será apelable ante la Corte de Apelaciones respectiva, sólo en aquellas causas cuya cuantía sea mayor a 25 UTM.

Acciones colectivas.

El Proyecto contempla, en materia de medidas precautorias, que en casos calificados y sólo una vez admitida a tramitación la demanda, el juez podrá ordenar que el proveedor cese provisionalmente en el cobro de los cargos cuya procedencia esté siendo cuestionada en juicio.

Por otro lado, en materia indemnizatoria, una de las principales modificaciones que incorpora el Proyecto, es laposibilidad de que los consumidores soliciten indemnización de perjuicios por daño moral en procedimientos colectivos, lo cual está actualmente prohibido por la LPC. La indemnización del daño moral se hará efectiva mediante la determinación judicial de un monto mínimo común, que corresponde a la afectación mínima sufrida por todos los consumidores en común por la infracción respectiva.  Para facilitar la determinación de este monto mínimo común se contempla que el SERNAC estará encargado de poner a disposición de los consumidores un registro rápido y expedito que les permita acogerse a dicho mecanismo de determinación.

En caso de que los consumidores consideren que su afectación sobrepasa dicho monto mínimo común, podrán perseguir la diferencia en un juicio posterior ante el mismo tribunal que dictó la sentencia del juicio colectivo, o ante el Juzgado de Policía Local competente, de acuerdo a las reglas generales, a elección del propio consumidor. Lo anterior es sin perjuicio a la facultad del proveedor de efectuar, durante todo el transcurso del juicio, una propuesta de indemnización del daño moral pudiendo dividir a los consumidores afectados en grupos y subgrupos.

En este mismo sentido, se contempla la facultad del juez de poder aumentar en un 25% el monto de la indemnización correspondiente en caso de concurrir alguna de las circunstancias agravantesseñaladas anteriormente.

Finalmente, y en materia de imposición de multas, el Proyecto contempla, la facultad del tribunal de aplicar una multa por cada consumidor afectado en caso de que la naturaleza de la infracción lo amerite, con las siguientes limitaciones: la multa no podrá exceder el 30% de las ventas de la línea del producto o servicio objeto de la infracción durante el periodo en que se haya prolongado (este porcentaje se reduce a un 10% en caso de ser el proveedor una PyME), o del doble del beneficio económico obtenido como resultado de la infracción.

Con todo, se contempla, como límite global absoluto a las multas impuestas en juicios colectivos, que estasnunca podrán superar las 45.000 UTA.

Nuevo procedimiento voluntario para la protección de intereses colectivos.

Este es un nuevo procedimiento que incorpora la reforma, caracterizado por ser un procedimiento administrativo especial a cargo de una subdirección independiente y especializada del SERNAC, que viene a ser la consagración legal de lo que actualmente se conoce como “mediación colectiva”.

Este procedimiento sólo podrá iniciarse mientras no se hayan ejercido acciones colectivas respecto de los mismos hechos y, una vez iniciado este, no se podrán ejercer acciones colectivas respecto de los mismos hechos hasta que el procedimiento voluntario se haya declarado fracasado.

Este procedimiento puede iniciarse por el mismo SERNAC o por denuncia de una asociación de consumidores.

La duración de este procedimiento voluntario no podrá ser mayor a tres meses desde su inicio, prorrogable una sola vez por otros tres meses. Si dentro de este plazo no hubiera acuerdo, se entenderá fracasado el procedimiento voluntario en defensa de intereses colectivos. Adicionalmente, las partes, en cualquier etapa del procedimiento, podrán manifestar su intención de no continuar con el procedimiento.

En caso de fracasar este procedimiento, SERNAC tendrá prohibido presentar en un juicio colectivo posterior los instrumentos que le hayan sido entregados por el proveedor, salvo que haya podido acceder a ellos por algún otro medio. Además, existe un deber general de reserva por parte de los funcionarios del SERNAC que participen en este procedimiento, cuya infracción arriesga incluso sanciones penales.

 IMPEDIMENTO DE LA DOBLE SANCIÓN ADMINISTRATIVA.

Actualmente, la LPC es entendida como una ley de aplicación general y supletoria al resto de las normativas sectoriales protectoras.

En este contexto, una modificación relevante que incorpora el Proyecto, con el fin de remediar la superposición de facultades entre el SERNAC y otros reguladores sectoriales, es la prohibición expresa de aplicar una sanción adicional cuando esta se base en los mismos hechos y fundamentos o fines jurídicos de la sanción anteriormente impuesta por una autoridad sectorial. En consecuencia, en ningún caso se podrán aplicar al mismo infractor dos o más sanciones administrativas por los mismos hechos y fundamentos o fines jurídicos.

Lo anterior es sin perjuicio de que el SERNAC pueda sancionar adicionalmente a un mismo infractor cuando, para la primera sanción, no se hubiese considerado la vulneración a los derechos de los consumidores.

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 Nota:
La información contenida en esta Publicación fue preparada por JS Abogados.cl , sólo para fines educativos e informativos
y no constituye asesoría legal.

Fuente:  Carey y Cia Ltda.